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El Fondo Social de Viviendas se prorroga hasta enero de 2016.

El Fondo Social de Viviendas se prorroga hasta enero de 2016.

 

El Fondo Social de Viviendas se puso en marcha hace dos años, el 17 de enero de 2013, con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras para dar asistencia a las familias vulnerables por la crisis mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Hasta la fecha se han acogido 1.465 familias.  

 

Beneficiarios.- Se pueden beneficiar del Fondo Social de Viviendas aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario.

 

Requisitos.- Deben reunir una serie de requisitos económicos. En concreto, que el conjunto de los ingresos mensuales de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 € conforme al IPREM actual); y que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.​

 

Además, deben cumplir con otros requisitos como:

 

  • Familia numerosa.
  • Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
  • Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de tres años.
  • Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  • Unidad familiar en la que el deudor se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  • Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  • Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.

 

Las solicitudes deben dirigirse a la entidad de crédito correspondiente, que darán prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. Solicitarán para ello informe a los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales, que deberán emitir informe en un plazo de 15 días.

 

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