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Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas  sobre la gestión de la fundación tripartita para la formación en el empleo.

Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la fundación tripartita para la formación en el empleo.

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal intervienen, dentro del subsistema de formación profesional para el empleo en el ámbito estatal, en el diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de los planes de formación.

 

El Tribunal de Cuentas concluye por un lado, que las funciones asignadas a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el proceso de concesión de estas subvenciones públicas no garantizan los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad promulgados en el artículo 8.3 de la Ley, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, puesto que limitan el acceso a dichas subvenciones a otras organizaciones empresariales o sindicales que no pertenecen al Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo e imposibilitan el acceso a otras entidades capacitadas para la ejecución de estos planes de formación.

 

Por otro lado, el órgano colegiado encargado de emitir el informe de evaluación que fundamenta la propuesta de concesión de subvenciones destinadas a financiar los planes de formación en el ámbito estatal al órgano concedente, está compuesto, en su gran mayoría, por los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales miembros del Patronato antes mencionado, por lo que también se incumplen los principios de transparencia y objetividad.

 

En la fiscalización efectuada sobre la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación en el año 2010 se han observado las siguientes deficiencias:

 

Una excesiva subcontratación de la actividad subvencionada, difícilmente justificable en numerosas ocasiones, ya que fueron la idoneidad y capacidad de las entidades beneficiarias los motivos de concesión de estas subvenciones. Esta situación vulnera lo dispuesto en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, dado que la actividad financiada por la subvención constituye una obligación personal de la entidad beneficiaria, teniendo un carácter excepcional la subcontratación de la misma.

 

Se ha comprobado una elevada multiparticipación en cursos de formación por parte de numerosos alumnos. Al respecto hay que señalar que tan solo 398 alumnos efectuaron un total de 6.068 acciones formativas, siendo especialmente significativa la realización, por determinadas personas, de más de cincuenta cursos formativos con cargo a la misma convocatoria. El Tribunal considera contraria a los principios de igualdad y objetividad en el acceso a los planes de formación esta multiparticipación. 

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