¿Qué penas pueden imponerse a las personas jurídicas?

El Derecho penal es el conjunto de normas que regulan el poder punitivo del Estado frente a las infracciones de la Ley cometidas por las personas físicas y ahora jurídicas a las que apareja una consecuencia (pena) que sólo puede anularse, ampliarse o reducirse en virtud de circunstancias especiales (eximentes, agravantes y atenuantes).

Las PERSONAS JURÍDICAS son responsables de los delitos cometidos por sus órganos de administración, directivos, representantes, y empleados, y podrán ser condenadas a penas que van desde la multa económica hasta la disolución de la empresa, pasando por la clausura de instalaciones, intervención judicial, la suspensión de actividad, la  prohibición para contratar, recibir subvenciones u obtener deducciones y beneficios fiscales y socio-laborales.

Por su parte, el ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN de la empresa (las personas que lo conforman) son responsables de los delitos por ellos cometidos y por sus empleados, pudiendo enfrentarse por ello a multas económicas e incluso la privación de libertad.

 ü  Un buen programa de prevención penal no sólo supone para la empresa y su órgano de administración una limitación del riesgo de que se cometan delitos en su seno que puedan poner en peligro su viabilidad, sino que en cualquier caso, es el único medio que tienen ambos (empresa y administradores) para tratar de quedar exonerados de responsabilidad penal, o al menos ver atenuada la misma.