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Una trabajadora de Gijón, que requería un horario adaptado debido a su situación personal, pierde el juicio contra su empresa. La mujer, trabajadora de una clínica veterinaria, está separada y tiene un hijo pequeño. Por este motivo quería acogerse a la conocida jornada a la carta, la cual aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo.

Según el apartado 8 del artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2019 se establece que: “Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

En consecuencia, la profesional planteó la siguiente jornada laboral. De lunes a viernes de 9:15 a 16:15 horas, y asistir uno de cada tres sábados desde las 10:30 hasta las 13:30 horas a la clínica donde desarrolla su actividad laboral. De este modo ya no iría, como hasta el momento, en turnos de mañana y tarde.

Aunque los responsables del negocio comprendían las particularidades familiares que padecía la empleada, no estaban de acuerdo. Argumentaban que su propuesta entraba en conflicto con las necesidades de la empresa y que afectaría al resto del equipo. Más de la mitad de las consultas que se hacen en la clínica son por la tarde. Además, ella era la única especialista preparada para realizar un tipo específico de prueba.

La empresa intentó llegar a un acuerdo, pero la profesional decidió acudir a los tribunales. Pese a todo pronóstico, la justicia dio la razón a la compañía convirtiéndose así en la primera que ganaba un juicio frente a un trabajador, desde la reforma de marzo.

Aspectos importantes de la jornada laboral a la carta:

– La puede pedir cualquier trabajador que precise conciliar la vida laboral con la familiar.

– Los argumentos tienen que estar suficientemente razonados y proporcionados entre la persona empleada y la entidad.

– Es compatible con otros permisos.

– Se tramita a través de una solicitud del trabajador a la empresa.

– El plazo de respuesta es de 30 días.

– En caso de discrepancia, un juez decide en 20 días sin oportunidad de recursos alguno.

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Fuente noticia: Expansión/Noticias Jurídicas.

Fuente imagen: Pixabay.