El pasado jueves, día 21 de febrero de 2019, se publicó en el BOE la nueva Ley de Secretos Empresariales (LSE), que entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

La publicación de esta Ley tiene una gran repercusión porque, hasta el momento, no existía ninguna Ley específica que regulara los secretos empresariales, encontrándose hasta el momento dispersos en distintos tipos de normas.

De este modo, la nueva Ley comienza definiendo lo que se entiende por “secretos empresariales”, designándolos como cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlas en secreto.

Lo más significativo de esta Ley se centra en tres novedades procesales:

1.    En primer lugar, se incorporan reglas específicas de las que podrán hacer uso los jueces para garantizar la confidencialidad de la información que se aporte o genere en el proceso y, así, conseguir que los empresarios tengan la certeza de estar amparados en este derecho, lo que permite iniciar el proceso sin miedo a que sus secretos empresariales salgan a la luz.

2.    En segundo lugar, se implanta un marco normativo para el desarrollo de “diligencias de comprobación de hechos”, que facilita la comprobación de la comisión de la infracción.

3.    En tercer lugar, se añaden diversas reglas singulares en materia de tutela cautelar, de manera que se garantiza la eficacia de las decisiones jurisdiccionales que reconocen los derechos de los ciudadanos.

4.    Por último, en la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Dicha modificación pretende acabar con el incumplimiento de la buena fe procesal, lo que se producía en muchas ocasiones hasta la fecha.

En conclusión, esta norma se trata de un instrumento que servirá para salvaguardar los secretos empresariales, algo muy importante en esta nueva era digital en la que nos encontramos.

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