En 2017 se impuso la obligación del envío electrónico en tiempo real a Hacienda de todas las operaciones que deben figurar en los Libros Registro del IVA (facturas y tiques), con todo tipo de
detalles en un plazo general de cuatro días desde la expedición de la factura o su registro contable.

El colectivo obligatoriamente incluido esta en torno a las 62.000 empresas. “Una estimación conservadora del efecto recaudatorio sería de 700 millones al año en la recaudación voluntaria”, calcula el Fisco.

En su momento las empresas no lo tomaron muy en cuenta debido a la dificultad del sistema y el retraso de su entrada en vigor.

Pero ahora este panorama ha cambiado, “Las empresas, españolas y no residentes, cotizadas o no, están muy preocupadas”, pues después de dos años de la entrada en vigor del SII, la AEAT ha empezado a sancionar y en la gran mayoría de ocasiones está haciéndolo con el régimen previsto por la no llevanza de los Libros Registro del IVA, que estipula sanciones del 1% de la cifra de negocios del ejercicio. 

Por otro lado, el sistema también establece sanciones del 1% de la cifra de anotación con un mínimo de 150 euros y un máximo de 6.000 euros por inexactitudes y omisiones, y un tercer tipo de multa por el retraso, que acarrea un pago del 0,5% de la factura, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 6.000 euros por trimestre. 

Estas sanciones se están produciendo ya que la AEAT ha detectado incongruencias entre lo declarado en el SII y en el Modelo 303, lo que está suponiendo recargos del 50% de la cuota por el IVA devengado. Por el repercutido también se está produciendo el mismo fenómeno, con idéntica sanción.

Estas actuaciones han generado un gran rechazo por parte de los afectados pues aseguran que las mismas están rozando el marco de la legalidad pues, “se ha pasado de comprobar exclusivamente el cumplimiento o no del SII, a iniciar actuaciones de control sobre la consistencia de los datos con las declaraciones de IVA”. 

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