Dos puntos están ya claros en la contrarreforma laboral que están negociando el Gobierno y los agentes sociales: se acabará con la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales y se recuperará la ultraactividad anterior a la reforma de 2012.

El Gobierno baraja aprobar dos normas diferenciadas, aunque, según las fuentes consultadas, todavía no tiene decidido con qué formato legal, con Reales Decretos o con Reales Decretos-Leyes.

Desde los sindicatos están metiendo prisa al Gobierno para que presente la reforma. El secretario general de UGT, José Álvarez, ha expresado su deseo de que «el proceso de diálogo social tenga fecha límite» y considera «legítimo sortear los bloqueos de la Mesa del Congreso legislando por Real Decreto».

Lo que se pretende es acabar con la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. En este punto coinciden tato sindicatos como Gobierno, pues este último no se ha andado con medias tintas y ha propuesto la total supresión del actual apartado 2 del Artículo 84 del ET: «La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autónomo o de ámbito inferior».

Respecto a la ultraactividad de los convenios, regulado en el artículo 86 del ET, Trabajo propone suprimir el último párrafo del punto 3: «Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación». Por ello, con la reforma, ante la falta de un nuevo convenio, seguirá el anterior.

Los sindicatos no están muy conformes con la redacción propuesta por el Gobierno, porque bajo su punto de vista no se está garantizando por ley el mantenimiento de la ultraactividad de cualquier convenio.

Por otro lado, en el 86 están surgiendo muchas lagunas sobre la fórmula para dirimir las diferencias cuando fracasen las negociaciones de convenios. Actualmente, el ET establece un laudo arbitral, sin embargo, el Gobierno es partidario de aplicar sistemas de solución autónoma.

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