La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, presentó este lunes el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), un fichero de morosidad pionero en nuestro país para recoger información y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme aportada por abogados y abogadas previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro.

El CGAE explica que, con esta nueva apuesta por los sectores fintech y legaltech, la Abogacía pone a disposición de los 150.000 abogados españoles una herramienta de trabajo de uso gratuito para la profesión, esto aseguran supone una innovación revolucionaria ya que favorece el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumplan las sentencias firmes. Además, proporcionará mayor transparencia al sistema judicial y financiero español.

El fichero cumple con las normativas vigentes de Protección de Datos, la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía.

Adelantan que serán objeto de este registro, las resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme que suponen un 80% de las deudas. A diferencia de lo que suelen registrar otros ficheros, como Asnef, de Equifax, y Badexcug, de Experian, que sólo reúnen deudas de las compañías de telecomunicaciones y de la banca.

Además, lo que se pretende es demostrar la seguridad que ofrece el RIJ por recoger sentencias firmes, a diferencia de Icired, también un fichero universal de deudas, pero sin fallo judicial firme, lo que conlleva que en este caso siempre será la palabra del acreedor sobre la del moroso.

El registro permite a los letrados acceder al fichero a través de la Red de la Abogacía con su carnet de colegiado. Una vez cuenten con la autorización de sus clientes, podrán incluir los datos de aquella persona sobre la que recae una condena firme, cuya deuda sea superior a 50 euros y con un máximo de cuatro años de antigüedad. La información será verificada por los servicios jurídicos de la plataforma y con ello se procederá a notificar al deudor su inclusión en el registro.

A continuación, se le enviará un requerimiento a dicho deudor. Si éste omite la reclamación o no justifica su oposición, se le volverá a notificar por carta certificada la inclusión de sus datos en dicho registro. Para introducir los datos en este fichero, el cliente tendrá que abonar 29 euros. La consulta es libre y gratuita. En el caso de que acceda una persona física, deberá demostrar interés legítimo si es para acceder a los datos de otra persona física. El interés legítimo se motiva si se presenta un contrato en vigor con el moroso o el consentimiento de éste.

Finalmente, podríamos decir que lo que pretende la abogacía con esta innovación, es un mecanismo para mejorar la información de riesgo de insolvencia de empresas y personas físicas.

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