El TJUE emite sentencia respecto a las peticiones del Tribunal Supremos Español y el Juzgado de primera instancia de Barcelona en relación con la interposición sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, para clarificar si es o no lícito activar el desahucio del inmueble tras un único impago de las cuotas.

La sentencia del TJUE aborda dos cuestiones:

1. Si los artículos 6 y 7 de la Directiva UE deben interpretarse en el sentido de que, cuando una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario es declarada abusiva, la cláusula puede conservarse parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva;

2. y, si, de no ser posible conservar la cláusula tras amputar sus elementos abusivos, al menos el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en aplicación de una de estas cláusulas puede seguir tramitándose aplicando supletoriamente una norma de Derecho nacional (el artículo 693.2 LEC), en la medida en que prescindir del procedimiento de ejecución hipotecaria puede ser contrario a los intereses de los consumidores.

Ante ambas cuestiones y tras muchas divagaciones el TJUE resuelve que los artículos 6 y 7 de la Directiva UE deben se interpretados de la siguiente manera:

  • Por una parte, la Directiva UE se opone a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, si tal supresión equivale a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia.
  • Por otra parte, la Directiva UE no se opone a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, siempre que el contrato en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de dicha cláusula abusiva y que la anulación del contrato en su conjunto expusiera al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.

Tras la sentencia, será potestad de los jueces españoles determinar si se reanudan los procedimientos de ejecución hipotecaria contra consumidores que actualmente se encontraban suspendidos en espera de conocer la resolución.

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