Tras muchos meses de negociaciones y cambios de opinión, además de numerosas protestas de pensionistas y jubilados, ayer se llegó a un acuerdo en El Pacto de Toledo para recomendar al Gobierno que las pensiones vuelvan a estar ligadas al IPC. A pesar de ello el Gobierno sostuvo que este sistema solo tendrá arreglo para los próximos 10 años, luego habrá que volver a revisarlo.

La intención del Ejecutivo es subir las pensiones con el IPC en 2018 y 2019, pero «hace falta un indicador permanente a partir de 2020» que vaya más allá y sea más completo que la inflación.

Pocas horas después las fuerzas que integran el Pacto de Toledo, a excepción de ERC, aclaraban que «la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones».

La misma situación ha sido interpretada de manera diferente por las distintas fuerzas e incluso en este caso, cuando se habla de acuerdo, la realidad es que unos partidos entienden algo que otros no. Muchos de ellos afirman que el IPC es un indicador, «pero no el único». «Es un acuerdo de mínimos que pretende salvar la viabilidad del Pacto de Toledo»

Los estudios numéricos, al menos tal y como están planteados en este momento, muestran que el sistema difícilmente puede permitirse subidas mayores al 0,25% ya que está marcado para los momentos de déficit, pero la presión de los jubilados y pensionistas y su poder de voto se ha impuesto a los datos.

Por otro lado, el documento ayer redactado también recoge que, para asegurar la sostenibilidad del sistema, «sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones». Y que «toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros, con pleno respeto a los distintos modelos de financiación existentes en el Estado», prosigue el texto.

Esto significa que, si en algún momento se quieren llevar a cabo subidas adicionales al IPC porque, por ejemplo, la inflación es negativa o el momento económico lo permite, el Pacto de Toledo recomienda al Ejecutivo que lo haga con impuestos y no con los recursos propios del sistema de la Seguridad Social.

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