La irrupción de las plataformas digitales en el mercado laboral, y la escasa jurisprudencia, otorgan un papel protagonista a los inspectores de trabajo en la lucha contra el fenómeno del falso autónomo que cada vez resulta más difícil de detectar.

El Plan director por un trabajo digno 2018-2020, pretende reforzar las inspecciones de control, tanto desde el punto de vista de la planificación de las actuaciones como en lo que se refiere al número de visitas en los centros de trabajo, utilizando todas las medidas, incluidas las sancionadoras, que disuadan de tales comportamientos en las empresas.

Las inspecciones se llevan a cabo de acuerdo con un sistema delimitado por tres vías; control rutinario, denuncia previa y reclamación de los sindicatos.

Tras la visita de la inspección, si se concluye que el trabajador mantiene un vínculo laboral con la empresa, ésta se enfrentará a una sanción que puede llegar a ser cuantiosa, especialmente para las compañías cuya estructura de personal recae fundamentalmente sobre falsos autónomos. Aquí se aplica el «principio de sanción por trabajador», y el importe de las multas oscila entre los 3.126 euros a 10.000 euros por cada infracción detectada.

A pesar de ser un fenómeno global, jurídicamente se aborda de diferente manera según las normas de cada país. En España, la base jurídica para afrontar esta nueva realidad la encontramos en el Estatuto de los Trabajadores y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que definen y delimitan las notas características del trabajo por cuenta ajena.

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