Desde el pasado miércoles, propietarios e inquilinos están sujetos de forma inmediata a la nueva regulación del alquiler concebida por el Ministerio de Fomento para aliviar las tensiones de precio que experimenta el sector y la escasez de oferta a «precios asequibles».

Sin embargo, el Congreso debe convalidarlo en el plazo legal, habitualmente de un mes. Después de este momento, de todas formas, es posible introducir enmiendas y tramitarlo como proyecto de Ley, para ser posteriormente votado de nuevo en el Congreso.

Los cambios más significativos son:

•    El periodo mínimo de duración del alquiler pasará de tres a cinco años, y a siete si el propietario es una empresa. Esto quiere decir que el inquilino podrá permanecer en el piso alquilado hasta cinco años con el mismo contrato.

No obstante, el propietario podrá rescindir el contrato, si una vez pasado el primer año de duración informa al inquilino que necesita la vivienda para destinarla a vivienda permanente para él o para sus familiares, siempre y cuando procedan a habitarla en los tres meses siguientes a la extinción del contrato.

•    Los contratos de «renta reducida» no podrán tener incrementos de precio superiores al del Índice de Precios de Consumo (IPC). Según explican desde Fomento, el actual plan estatal de vivienda establece como vivienda de «renta reducida» aquella cuyo precio mensual no supere los 600 euros.

•    Se limitan las garantías a un máximo de dos mensualidades adicionales a la fianza. Además, en el caso de empresas, queda prohibido imponer los gastos de formalización del contrato al inquilino.

•    Teniendo en cuenta que la situación de los alquileres no es la misma en todas las provincias, el objetivo es que los consistorios cuenten con instrumentos y flexibilidad para actuar en función de las necesidades de su mercado.

•    La firma de un contrato de alquiler para uso estable y permanente podrá beneficiarse de la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

•    Por otro lado, a modo de penalización, los ayuntamientos podrán establecer un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías. Este recargo, que ya se había establecido en 2002, podrá ser de hasta un 50% de la cuota líquida del IBI.

•    A partir de ahora, si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad, algo que acreditarán necesariamente los servicios sociales mediante un informe enviado al juzgado, será obligatorio paralizar el procedimiento de desahucio. Éste se retrasará un mes si el propietario es persona física y dos meses en el caso de empresas.

•    Los arrendamientos turísticos se excluyen de la LAU, de manera que son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos quienes tendrás las competencias en esta materia.

Además, se facilitará que las comunidades de vecinos puedan limitar los pisos vacacionales. Bastará una mayoría de tres quintas partes de los propietarios para limitar los pisos turísticos.

En Grupo HOB, estamos a vuestra disposición para asesoraros en esta materia.

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http://www.expansion.com/economia/2018/12/19/5c1a0919e5fdea38468b45d3.html

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